| El 22 de diciembre, la gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, doctora Rosana Andrea Bertone, firmó el Decreto N° 2820/16, en las instalaciones de la Casa de Gobierno. Acompañaron a la mandataria el doctor Rodrigo Verde, vicepresidente de FEHGRA y responsable del Departamento de Actividades Informales; Dante Querciali y José Luis Recchia, presidente y secretario de la Filial FEHGRA Tierra del Fuego; Luis Castelli, presidente del INFUETUR; Ramón Calderón, secretario General de UTHGRA Seccional Tierra del Fuego; legisladores y directivos.
La norma referenciada se enmarca en el contexto de contemplar y regular la nueva realidad en materia de modalidades de alojamientos turísticos incorporando puntualmente la regulación de las “Casas de alquiler temporario” y “Departamentos de alquiler temporario” estableciendo su definición y requisitos de exigibilidad, en un todo de acuerdo a la Ley Provincial N° 65 que prevé la permanente actualización, revisión y formulación del conjunto normativo encargado de regular el turismo.
El Decreto estipula que las sanciones se aplicarán por incumplimiento o inobservancia de las obligaciones que la ley y los decretos fijan para los establecimientos turísticos, como asimismo de las resoluciones complementarias que se dicten en consecuencia.
Cabe destacar que el nuevo decreto establece que se encuentran comprendidos en las obligaciones todo “corredor, martillero, intermediario, apoderado, mandatario, simples tenedores, cesionarios que intervengan en alguna forma en la promoción; contratación o intermediación en la oferta o contratos de inmuebles no habilitados”, quienes serán pasibles de las multas, sin perjuicio de las sanciones que correspondan al propietario o titular del inmueble.
El tenor referenciado constituye un verdadero avance en relación al tratamiento de la responsabilidad en la intermediación en sus distintas modalidades.
Asimismo no existen dudas que la presente iniciativa contribuirá a garantizar los derechos del consumidor turista, la protección de los trabajadores afectados a dicha actividad, la generación de una marco de igualdad de condiciones y competencia para todos los actores, lo que se traduce sin dudas en la consolidación del desarrollo de la actividad turística provincial en forma racional e integral contribuyendo a la calidad y posicionamiento del destino.
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